Propuesta inicial de acuerdo para la revisión de Ley de la Autonomía y Atención a la Dependencia

Madrid, 19 de abril de 2012. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acaba de alcanzar una propuesta inicial de acuerdo con las Comunidades Autónomas para evaluar y revisar, en un plazo de dos meses, el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este acuerdo, según la ministra Ana Mato, servirá para avanzar hacia unos servicios sociales que “bajo los principios de igualdad y calidad en la atención, contribuyan a mejorar su eficiencia y su cohesión social en beneficio de los ciudadanos”.

FEAPS valora este acuerdo, pero resalta que cualquier revisión de este Sistema deberá garantizar la cobertura a que tienen derecho las personas con discapacidad intelectual, enfocándola en los apoyos para su autonomía personal y fomentando su participación en el proceso. En ningún caso deben quedar personas con discapacidad intelectual desatendidas. Y también se debe tener en cuenta al movimiento asociativo como agente crucial del Sistema.

La revisión de este sistema tendrá como objetivo analizar diferentes materias como el baremo de valoración establecido en la Ley de Autonomía Personal; la calidad y adecuación de la cartera de servicios; el procedimiento de acceso a las prestaciones; y los aspectos económicos de la atención a la Dependencia.

Respecto a la posible revisión del baremo, FEAPS considera que ésta debe realizarse de forma expansiva y no restrictiva, garantizando un nivel de cobertura suficiente para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en situación de dependencia. En el momento actual, el Gobierno ya ha planteado una moratoria que ha dejado fuera de este sistema de atención a 24.000 de estas personas, según estimaciones de nuestra organización.

Por otro lado, nuestro movimiento asociativo pone de manifiesto que la determinación de los servicios o prestaciones que corresponden a cada persona (establecimiento del PIA) debe contar con mayor participación desde el inicio de la propia persona, con el fin de garantizar que la cobertura es la más adaptada a las necesidades reales de cada persona y cada familia.

En relación con la calidad y la adecuación de la cartera de servicios del SAAD a la situación de las personas en situación de dependencia, creemos que se debe enfocar más en los apoyos que necesitan las personas y sus familias, y no tanto –como se está haciendo con carácter generalizado–, en las prestaciones económicas o en la asignación de recursos inadecuados o contra la voluntad de los interesados. La propia Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad hace alusión a este aspecto en sus artículos 14 y 19.

El Gobierno apuesta por emplear la red pública de servicios sociales en lugar de ofrecer con carácter habitual prestaciones económicas. Sin embargo, en la actualidad hay 300.000 personas con derecho reconocido a la cobertura de servicios que están en lista de espera. Por tanto, FEAPS alerta de la necesidad de garantizar unas infraestructuras suficientes que eviten un aumento de personas desatendidas por el sistema.

El Ministerio también plantea cambiar el procedimiento de acceso a las prestaciones. FEAPS aboga por que se constituya un procedimiento único y simplificado, pero que se realice con todas las garantías de seguridad jurídica, información y acceso para las personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia y sus familias.

Finalmente, en relación con los aspectos económicos, y en una situación especial de crisis como la que vivimos actualmente, FEAPS muestra su preocupación por la eventual aplicación del copago en este ámbito de la dependencia, que puede suponer un grave riego de desigualdad para muchas personas con discapacidad intelectual y sus familias. Por tanto, proponemos una renta exenta suficiente para evitar el efecto confiscatorio que en muchos casos produce este copago.

FEAPS se compromete en su Misión –entre otras cosas–, a contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo tenga su propio proyecto de calidad de vida y pueda lograr su inclusión como ciudadana de pleno derecho y su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto.