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CERMI Madrid expresa su preocupación por los recortes económicos en el ámbito educativo de las personas con discapacidad

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  • CERMI Madrid considera al sector de la discapacidad como un grupo de la población especialmente afectado por los cambios introducidos y planteados por la Consejería de Educación y Empleo.
  • El Comité presentó a la Consejería de Educación en 2010 un trabajo muy exhaustivo centrado en el análisis de los datos, características y deficiencias del alumnado con Discapacidad y con Necesidades Educativas Especiales en la Comunidad de Madrid y aún no ha recibido respuesta al respecto
  • Solicitan datos específicos sobre el alumnado con discapacidad en esta Comunidad, así como información sobre las medidas y acciones que se llevan a cabo a favor de este sector social.
  • Demandan la aprobación del III Plan de Acción de Personas con Discapacidad en la Comunidad de Madrid, que se elaboró con amplio consenso.

El Comité de Entidades Representativas de Personas con Discapacidad, CERMI Comunidad de Madrid, expresa su preocupación ante los hechos acontecidos en esta Comunidad Autónoma como consecuencia de los cambios en materia de recursos educativos que se van a acometer en el presente curso escolar.

De hecho, el Comité presentó a la Consejería de Educación en 2010 un trabajo muy exhaustivo centrado en el análisis de los datos, características y deficiencias del alumnado con Discapacidad y con Necesidades Educativas Especiales en la Comunidad de Madrid y aún no ha recibido respuesta al respecto.



Según el CERMI Comunidad de Madrid, en este documento se ponían de manifiesto las carencias e insuficiencias en la atención educativa de los alumnos con discapacidad, que se estaba observando en esta Comunidad. Esto se suma, al retraso en el compromiso adquirido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la aprobación del III Plan de Acción para Personas con Discapacidad, elaborado en 2010 con una amplia participación de los agentes sociales implicados, donde figura un apartado completo sobre las necesidades en el ámbito de la Educación.

Destaca: “El temor a las repercusiones que los recortes educativos van a provocar en la calidad de la educación del alumnado con discapacidad, al tratarse de una población con alto riesgo de exclusión y más vulnerable a las insuficiencias del entorno educativo”. Unido a lo anterior, preocupa la falta de información de la Consejería de Educación y Empleo sobre la realización de un análisis de riesgos educativos en personas con discapacidad ante los cambios previstos para el curso 2011-2012.

La inexistencia de una normativa que desarrolle una educación inclusiva en nuestra comunidad donde se asegure la calidad en la educación para todos los alumnos sin excepción, amparada bajo los principios de equidad, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, es otro de los argumentos que esgrime CERMI Madrid. Asegurar una educación de calidad para personas con discapacidad tiene un efecto directo en la reducción de los niveles de dependencia de esta población, con el consecuente beneficio tanto personal como social.

En este sentido, también solicita datos actualizados sobre alumnos con discapacidad, tanto en cuanto a su número, como a los recursos, medidas y servicios educativos, que se están aplicando. Estas cifras deberían incorporarse en los informes anuales que publica la Consejería de Educación y Empleo, ya que la falta de transparencia indica el escaso interés por parte de la Administración para abordar estas necesidades. Por ejemplo, en el documento “Datos y cifras de la Educación. 2010-2011” de la Comunidad no aparece ninguna mención al respecto.

El CERMI Comunidad de Madrid quiere recordar que: “la falta de recursos educativos no puede, en ningún caso, justificar el incumplimiento del derecho fundamental a la educación en igualdad de oportunidades de los alumnos con discapacidad”, tal y como ha dictaminado recientemente una sentencia del Tribunal Supremo con fecha 27 de julio. Esta sentencia se ampara en los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, que exige a la administración que disponga de todos los medios personales y materiales precisos para la adecuada atención de los alumnos con discapacidad.


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