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El Congreso aprueba la Ley de Seguridad Social para personas con discapacidad

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El pleno del Congreso aprobó el  21 de julio, la Ley de modernización del Sistema de la Seguridad Social, que modifica algunos aspectos importantes de la jubilación y la cotización laboral. Esta reforma incorpora una novedad importante para las personas con un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 45%, ya que en este caso se adelanta en dos años la edad mínima de jubilación, pasando de 58 a 56 años.

En los próximos dos años, cerca de 6.000 personas con discapacidad intelectual que trabajan en Centros Especiales de Empleo, podrían jubilarse gracias a esta reforma, que profundiza en sus derechos laborales. La tasa de paro de las personas con discapacidad intelectual en España sigue siendo muy elevada: un 60% de estas personas está desempleada.

Por otro lado, la norma también rebaja el periodo del cómputo de la cotización de 30 al 25 años, y además permitirá a los trabajadores con discapacidad acceder a su pensión aunque no alcance el periodo de cotización mínimo (mediante la cotización directa o contributiva de los años que le resten para alcanzarlo).
Por todo ello, La Asociación FEAPS para el Empleo (AFEM) reconoce que esta Ley “plantea avances significativos en los derechos de las personas con discapacidad intelectual, e incrementa su grado de protección social, al reconocer la situación particular de este colectivo en el ámbito del empleo, con un envejecimiento prematuro y un consecuente deterioro de su vida laboral”.

Este colectivo de personas está siendo especialmente castigado por el desempleo, que alcanza tasas superiores al 60% de la población con discapacidad intelectual en edad de trabajar, lo que triplica la tasa de desempleo de la población sin discapacidad. Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son la principal vía de empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual, siendo 39.332 personas contratadas por estos Centros en el año 2010. De estas personas, un total de 5.652 son mayores de 54 años (3.513 hombres y 2.139 mujeres). Todas estas personas con discapacidad intelectual podrían beneficiarse en los próximos dos años de esta reforma de Ley que permite jubilarse con 56 años. Cabe destacar también el empleo con apoyo, donde hay trabajando unas 2.572 personas con discapacidad intelectual, lo supone un 46% del total de las personas trabajando en esta modalidad.

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