Organizaciones Sociales alertan del riesgo de desaparición de las obras sociales de las cajas de ahorros

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Las obras sociales dan empleo a unas 40.000 personas y destinan 2.500 millones de euros a proyectos.



Las cuatro principales plataformas de organizaciones sociales, como son la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma de Voluntariado en España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), aprobaron este martes un manifiesto en el que alertan del riesgo de desaparición de las obras sociales de las Cajas de Ahorros y de lo que ello supondría para la ciudadanía.

Los máximos responsables de estas entidades mostraron su disconformidad con el actual proceso de definición del nuevo marco financiero español, que puede suponer la desaparición de uno de los principales resortes financieros con los que cuentan las ONG para la prestación de servicios a la sociedad, de acuerdo con el documento, que cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE.

En el manifiesto se afirma que “las actividades y centros de las obras sociales dan empleo a más de 40.000 personas en España y contribuyen de manera nítida al bienestar de las personas más vulnerables. Los 2.508 millones de euros que destinan a proyectos sociales son garantía para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada”.

Juan Lara, presidente de la POAS, destacó que este hecho se ha producido en un momento en el que la crisis ha golpeado “de forma tremenda a importantes sectores de la sociedad, con lo que han aumentado las necesidades de unas ONG que pueden ver cortada una de sus vías de financiación”.

Llamamiento al Gobierno

Ante ello, hicieron un llamamiento al Gobierno con el objetivo de que tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada, incluyéndola en el actual proceso de elaboración de la normativa que configurará el sistema financiero español. Es la primera vez que estas entidades adoptan una posición conjunta.

Para Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, estas medidas en el sistema financiero se están adoptando “sin un debate previo, ni análisis, ni contraste”, y con el nuevo modelo que se pretende aprobar “se pone en cuestión el compromiso con lo cívico” de las obras sociales de las cajas de ahorros y puede tener un efecto de cataclismo en numerosas entidades.

El máximo representante de las organizaciones del sector de la discapacidad dijo que recientemente se le han hecho llegar a la vicepresidenta económica y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, las preocupaciones por los efectos que tendría la desaparición de las obras sociales, tal y como se entiende actualmente.

Por su parte, Carlos Susías, presidente de EAPN-ES, dijo que aunque España es uno de los países con menor número de personas excluidas de los procesos de educación financiera, puede que esta medida provoque el efecto contrario entre los segmentos de la población en riesgo de exclusión y en poblaciones rurales, donde hay una fuerte presencia de sucursales de cajas que se mantienen aunque no son beneficiarias.

Servicios que no se prestarán

Luciano Poyato, presidente de la PVE, insistió en que con la desaparición de las obras sociales habrá muchos servicios que se dejarán de prestar, por lo que pidió al Gobierno que escuche la voz de las entidades sociales organizadas.

En la misma línea, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, puso de relevancia el papel co-financiador de las obras sociales en los proyectos que llevan a cabo las ONG, por lo que existe el riesgo de que se reduzca la puesta en marcha de iniciativas en un momento en el que también se han reducido las aportaciones públicas. Por esta razón, pidió que “se regulen y establezcan mandatos concretos mínimos”.

Los representantes de las distintas organizaciones pusieron de manifiesto que esta es la primera actuación para intentar que no se modifique el sistema de las obras sociales y a partir de ahora intentarán crear puentes de diálogo tanto con el Gobierno como con los distintos partidos políticos durante la tramitación parlamentaria de la nueva norma.

FUENTE: SERVIMEDIA


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