FEAPS solicita a Íñigo Méndez de Vigo el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en materia educativa

En línea con las medidas marcadas en 2011 por el Comité sobre los Derechos de las personas con discapacidad, FEAPS reclama al nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte la coordinación de políticas que aseguren la plena inclusión del alumnado con discapacidad intelectual en el ámbito educativo, disponiendo de recursos financieros y humanos suficientes, y dando mayor protagonismo a las familias en las decisiones sobre el itinerario educativo de sus hijos/as.

La Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (FEAPS) felicita a Íñigo Méndez de Vigo por su toma de posesión como nuevo Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Junto a ello le solicita un cumplimiento efectivo en materia educativa de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España, y que obliga a los estados firmantes a adaptar toda su legislación con arreglo a la citada Convención internacional.

En concreto, las reclamaciones de FEAPS se basan las consideraciones realizadas por el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de la ONU en su examen a España sobre el grado de cumplimiento de la Convención (2011). Este Comité, tras consultar a las organizaciones españolas de la discapacidad, se muestra especialmente preocupado porque –aunque formalmente la legislación educativa se rige por el principio de la inclusión y se prohíbe la discriminación–, la falta de aplicación de las leyes propicia en ocasiones que las Administraciones Educativas segreguen y excluyan a parte del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo, aduciendo argumentos económicos para justificar la discriminación y escolarizando a estos niños en colegios de educación especial en contra de la voluntad de sus padres, que además se han encontrado sin posibilidades de apelación.

En este sentido, el Comité sobre los Derechos del Niño en su Observación General número 13 sobre el derecho a la Educación (2006) subrayó que «la prohibición de la discriminación no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos; se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente.»

Y el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad lo reitera estableciendo que «la denegación de un acomodo razonable de los alumnos constituye discriminación y que la obligación de proporcionar un acomodo razonable a los alumnos es de aplicación de aplicación inmediata y no está sujeta a la realización progresiva.»
Desde FEAPS, solicitamos al nuevo Ministro que vele por el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en materia educativa tanto a nivel estatal como autonómico, ya que es competencia del Ministerio que ahora dirige “el fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito de la educación”.

En este sentido no podemos olvidar que aunque las competencias en educación sean en gran medida autonómicas, es igual de cierto que los Tratados Internacionales válidamente firmados y ratificados por España son de aplicación directa, y tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben adoptar las medidas para su ejecución dentro de su ámbito competencial (art. 30 Ley 25/2015, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales).

Por todo ello, le pedimos que desde su Ministerio se impulse la elaboración y diseño de una estrategia en la que se pongan en marcha medidas efectivas de cumplimiento del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, concretamente:

– Procurar que el alumnado con discapacidad disponga de los recursos humanos, tecnológicos, de acceso a la información y a la comunicación, de movilidad o de cualquier otra índole que precise en todas las etapas educativas, incluyendo las no obligatorias.

– Potenciar la formación del profesorado en el conocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad.

– Impulsar la colaboración entre la Comunidad Educativa y el movimiento asociativo de la discapacidad. Se proporcione al alumnado de apoyos adecuados al alumnado con necesidades educativas especiales que garanticen su permanencia y progresión en el sistema educativo ordinario sin discriminación y sin aducir argumentos económicos.

Igualmente que dicha estrategia contemple la introducción de una “cláusula contra el rechazo” y que, de conformidad con las recomendaciones del Comité, no se deniegue la escolarización en colegios ordinarios a alumnado con necesidades educativas especiales, y por tanto, se provea de apoyos suficientes para que los padres puedan ver realizado el derecho a la educación inclusiva de sus hijos ya que como ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación: «los Estados deben reconocer la educación inclusiva como un componente inherente al derecho a la educación.»